Informe de un médico rural

Cuento

Falleció a las 14:30 horas, en el Centro de Salud de Panajachel, Sololá, una mujer que no pudo ser identificada más que por el nombre de Juana, y que se desconocen los apellidos. La mencionada mujer era conocida por mantenerse ingiriendo licor en los alrededores de Panajachel, en donde pedía dinero a los turistas con el que luego compraba licor barato, muchas veces clandestino, que en la lengua de los naturales del lugar es conocido como Cusha o Cuxa y que preparan ellos mismos.

La mujer tenía aproximadamente 30 años de edad y dio a luz a un niño sano de bajo peso, debido a la condición de alcohólica de la madre. La madre muestra una inflamación hepática. Basta agregar que es en realidad sorprendente que el bebé haya sobrevivido al estado de la madre. La mujer tenía una sola pierna; desconozco el motivo por el que le habrían amputado la pierna derecha, pero se puede constatar que fue una cirugía realizada por un profesional ya que la amputación se presenta de manera quirúrgica. La mujer evidencia señales y cicatrices en todo el cuerpo, debido, seguramente, a los golpes que se diera cuando estaba en estado de ebriedad. Por lo tanto, traslado el caso del neonato a la trabajadora social residente en el Hospital Nacional de la cabecera departamental de Sololá, por ser su jurisdicción. El neonato pesó 4.5 libras, tiene todas sus extremidades completas, su tez es blanca y su cabello es castaño, por lo que podría inferir que el padre era algún extranjero.

Traslado de ese modo a una mujer indígena de aproximadamente 30 años de edad a la morgue del Hospital Nacional de Sololá para que se practique la necropsia correspondiente y se hagan las averiguaciones sobre posibles familiares o deudos, a la espera de su identificación y reconocimiento de quien fuera su hijo.

Para ayudar a encontrar a los deudos de la mencionada mujer occisa tengo que mencionar que el personal de limpieza de este Centro de Salud me indicaron que no era originaria de Panajachel, sino que al parecer era originaria de Santa Catarina Palopó a donde la mujer se dirigía constantemente, aunque otras personas indican que la mujer no es originaria de estos alrededores cercanos al lago de Atitlán, sino que procede de algún pueblo del vecino departamento de El Quiché o en su defecto de Totonicapán, a donde se pueden dirigir las investigaciones sobre su paradero y sobre todo para el reconocimiento respectivo de la criatura que milagrosamente sobrevivió a su infortunada madre, ya que fue parte de los comentarios de los habitantes del lugar que la mencionada mujer, conocida solamente como Juana, había sido víctima del conflicto armado interno que azotó a nuestro país en años pasados y que sus padres fueron muertos cuando ella era apenas una niña, detalles que la occisa gritaba por las calles cuando se encontraba bajo los efectos del licor.

Marlon Urizar
Fráncfort del Meno, 21 de septiembre de 2008

Justica ≠ Legalidad

Ahora no me cabe duda; la legalidad y la justicia no son lo mismo. Debido a eso creo que en Guatemala la mayoría de las personas piensan que la única justicia proviene de Dios. Lamentablemente esa justica cobra vigor en ultratumba; -demasiado tarde-. El pasado 12 de mayo fueron capturados 387 indocumentados en la planta procesadora de carne Agriprocessors en el estado de Postville, Iowa, Estados Unidos. Fue una redada sin precedente en la historia de esa nación. Los detenidos eran en su mayoría guatemaltecos. Exactamente cuatro meses después de tan infausto suceso, fue anunciado el proceso legal que se lleva en contra de los propietarios de dicha empresa por incumplir con las normativas sobre el trabajo de aquella nación, sobre todo porque contrató a menores de edad, además de los tratos inhumanos que se les daban a los empleados por su condición de indocumentados. Luego de esta noticia no he podido explicarme en qué sistema de legalidad se procesa primero a los agredidos, con penas de hasta cinco años de prisión –cuál delincuentes, y luego a los agresores.

Se dice también que la legalidad estadounidense descansa sobre su democracia, que establece la igualdad de todos sus ciudadanos. No creo que la ciudadanía esté circunscrita a una formalidad como estar inscrito en un libro o en un registro, -me parece sencillamente una razón ridícula. Aristóteles planteaba en la Política que ser ciudadano tampoco es haber nacido en un lugar, sino que el ciudadano se constituye en la participación de la vida política de la polis. Para ello, continúa explicándonos el estagirita, en cada sociedad se han regulado diferentes funciones, y a cada uno le toca desarrollar una función. Así, la tarea de los Legisladores era su participación activa en la Asamblea, pero también la tarea del artesano y el campesino no dejaban de tener importancia, que no por ser actividades más modestas dejaban de ser absolutamente necesaria para la supervivencia de los habitantes de la polis, bajo el argumento que sería totalmente inviable que todos fueran legisladores, o que todos fueran artesanos. Ciertamente Aristóteles consideraba la esclavitud como natural, -y eso suena muy feo en nuestros mojigatos oídos acostumbrados a lo “políticamente correcto”; no obstante, ante semejante injusticia cometida contra los guatemaltecos que trabajaban en Agriprocessors, la consideración de Aristóteles sobre la esclavitud parece un pecadillo venial.

Creo que uno de los motivos por los que se han cometido injusticias en contra de los connacionales trabajadores en aquella nación es precisamente porque se les imputa haber violado la parte formal de la legalidad, expresada en documentos y registros. El delito por el que fueron rápidamente sentenciados, la mayoría de procesados, fue por falsificación de documentos y usurpación de identidades, con la única posibilidad de declararse culpable para no enfrentar otros cargos, cuestión que se dio exclusivamente en los documentos para poder tener “presencia formal y legal” para trabajar, porque no se comprobó que esos documentos hayan sido utilizados para otros fines. En tanto, ahora sabemos que los que propiciaron dicha falsificación fueron los propietarios y los directivos de la empresa Agriprocessors (Prensa Libre, 13 de septiembre de 2008). Evidentemente, el proceso judicial contra los propietarios de Agriprocessors será utilizado para evidenciar que las autoridades de Migración estadounidenses no sólo velan por el cumplimiento de las leyes migratorias de su país, sino que también se han convertido en “los paladines” de los derechos de los trabajadores indocumentados. El problema radica en que se forman varias contradicciones legales, por cumplimiento precisamente de la misma legalidad; en primer lugar, migración cumplió con su deber de detener a los indocumentados, luego les acusa de falsificación de documentos, con lo que tiene las “pruebas” para emitir sentencia, en tanto, cuatro meses después procesan a los propietarios de esa empresa porque la falsificación fue realizada y consentida por los mismos propietarios de la empresa. Considero que esto pone en evidencia que la parte formal de la legalidad es insuficiente para acuñar que se puede hacer justicia, asimismo considero las grandes limitaciones de un sistema legal de formalidades. Precisamente en este punto es donde se manifiesta la ruptura entre una legalidad fundada en formalismos y la justicia. Es decir, la legalidad puede llenar los requisitos que ella misma ha impuesto como formales sin que ello implique alcanzar justicia. Creo que su limitación está en suponer que los trámites, los requisitos y los documentos, pueden suplir y hasta representar a las prácticas sociales. Es un problema de representaciones, en el que se llega a usurpar la dignidad irrevocable de las personas por el cumplimiento de una formalidad que concede supremacía sobre la vida por considerarse que se cumple con la legalidad. Es evidente, entonces, que la legalidad no es lo mismo que la justicia, y que se comenten grandes atrocidades en su nombre.

Desde aquel suceso del 12 de mayo no he podido explicarme la atención especial de las autoridades de migración y de los tribunales estadounidenses a los guatemaltecos que trabajan en aquella nación, sin un “documento” que les acredite para ello. Los que sirvieron de traductores para el juicio de los compatriotas han evidenciado que el proceso judicial se dio en los terrenos de un rastro, en donde juzgaron y sentenciaron de manera maratónica y poco confiable a los “indocumentados”. También, es bien sabido que la única posibilidad que se les ofrecía de defensa era que se tenían que declarar culpables. No hay precedente para dicho juicio en la historia de aquella nación. No he podido dejar de pensar cuando las autoridades de ese país han pensado especialmente en este pequeño país vecino de Centro América. Recordé cuando en marzo de 1999 el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clintón, en visita oficial a Guatemala, reconoció que Estados Unidos se había excedido cuando financió y promovió el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, en la década de 1950. A lo que podríamos agregar lo documentado en el Informe de la Memoria Histórica, que el gobierno de Estados Unidos financió y apoyó de muchas maneras las políticas contrainsurgentes en Guatemala que permitieron que fueran eliminadas comunidades completas de población civil entre 1960 y 1996. En el mencionado informe se documenta como el Gobierno guatemalteco, entrenado y auspiciado por el gobierno estadounidense, cometió el 89% de las agresiones en contra de la población civil, en una guerra que dejó más de 200 mil muertos, y más de 50 mil desaparecidos. Los datos de este estudio están fundados en la recopilación directa de los testimonios de los familiares de las víctimas y en la exhumación de las fosas comunes en donde fueron enterradas las miles de personas, en su mayoría indígenas, que fueron masacrados por instituciones del Gobierno. Los efectos de esa guerra todavía están latentes en Guatemala, especialmente en su ingente pobreza; en una sociedad profundamente dividida, marcada por una violencia que no parece tener fin.

Claro, ahora tengo muchas más preguntas, casi todas sin respuestas, pero la que no me deja por ningún momento es ¿quiénes han cometido injusticia en este ámbito? El único consuelo que me queda es la frase de Sócrates, poco antes de ser sometido a pena de muerte de manera injusta también, -eso sí muy legal, porque un tribunal lo había condenado-; “Es mejor padecer la injusticia que cometerla”.

Marlon Urizar

Fráncfort del Meno