Ahora no me cabe duda; la legalidad y la justicia no son lo mismo. Debido a eso creo que en Guatemala la mayoría de las personas piensan que la única justicia proviene de Dios. Lamentablemente esa justica cobra vigor en ultratumba; -demasiado tarde-. El pasado 12 de mayo fueron capturados 387 indocumentados en la planta procesadora de carne Agriprocessors en el estado de Postville, Iowa, Estados Unidos. Fue una redada sin precedente en la historia de esa nación. Los detenidos eran en su mayoría guatemaltecos. Exactamente cuatro meses después de tan infausto suceso, fue anunciado el proceso legal que se lleva en contra de los propietarios de dicha empresa por incumplir con las normativas sobre el trabajo de aquella nación, sobre todo porque contrató a menores de edad, además de los tratos inhumanos que se les daban a los empleados por su condición de indocumentados. Luego de esta noticia no he podido explicarme en qué sistema de legalidad se procesa primero a los agredidos, con penas de hasta cinco años de prisión –cuál delincuentes, y luego a los agresores.
Se dice también que la legalidad estadounidense descansa sobre su democracia, que establece la igualdad de todos sus ciudadanos. No creo que la ciudadanía esté circunscrita a una formalidad como estar inscrito en un libro o en un registro, -me parece sencillamente una razón ridícula. Aristóteles planteaba en la Política que ser ciudadano tampoco es haber nacido en un lugar, sino que el ciudadano se constituye en la participación de la vida política de la polis. Para ello, continúa explicándonos el estagirita, en cada sociedad se han regulado diferentes funciones, y a cada uno le toca desarrollar una función. Así, la tarea de los Legisladores era su participación activa en la Asamblea, pero también la tarea del artesano y el campesino no dejaban de tener importancia, que no por ser actividades más modestas dejaban de ser absolutamente necesaria para la supervivencia de los habitantes de la polis, bajo el argumento que sería totalmente inviable que todos fueran legisladores, o que todos fueran artesanos. Ciertamente Aristóteles consideraba la esclavitud como natural, -y eso suena muy feo en nuestros mojigatos oídos acostumbrados a lo “políticamente correcto”; no obstante, ante semejante injusticia cometida contra los guatemaltecos que trabajaban en Agriprocessors, la consideración de Aristóteles sobre la esclavitud parece un pecadillo venial.
Se dice también que la legalidad estadounidense descansa sobre su democracia, que establece la igualdad de todos sus ciudadanos. No creo que la ciudadanía esté circunscrita a una formalidad como estar inscrito en un libro o en un registro, -me parece sencillamente una razón ridícula. Aristóteles planteaba en la Política que ser ciudadano tampoco es haber nacido en un lugar, sino que el ciudadano se constituye en la participación de la vida política de la polis. Para ello, continúa explicándonos el estagirita, en cada sociedad se han regulado diferentes funciones, y a cada uno le toca desarrollar una función. Así, la tarea de los Legisladores era su participación activa en la Asamblea, pero también la tarea del artesano y el campesino no dejaban de tener importancia, que no por ser actividades más modestas dejaban de ser absolutamente necesaria para la supervivencia de los habitantes de la polis, bajo el argumento que sería totalmente inviable que todos fueran legisladores, o que todos fueran artesanos. Ciertamente Aristóteles consideraba la esclavitud como natural, -y eso suena muy feo en nuestros mojigatos oídos acostumbrados a lo “políticamente correcto”; no obstante, ante semejante injusticia cometida contra los guatemaltecos que trabajaban en Agriprocessors, la consideración de Aristóteles sobre la esclavitud parece un pecadillo venial.
Creo que uno de los motivos por los que se han cometido injusticias en contra de los connacionales trabajadores en aquella nación es precisamente porque se les imputa haber violado la parte formal de la legalidad, expresada en documentos y registros. El delito por el que fueron rápidamente sentenciados, la mayoría de procesados, fue por falsificación de documentos y usurpación de identidades, con la única posibilidad de declararse culpable para no enfrentar otros cargos, cuestión que se dio exclusivamente en los documentos para poder tener “presencia formal y legal” para trabajar, porque no se comprobó que esos documentos hayan sido utilizados para otros fines. En tanto, ahora sabemos que los que propiciaron dicha falsificación fueron los propietarios y los directivos de la empresa Agriprocessors (Prensa Libre, 13 de septiembre de 2008). Evidentemente, el proceso judicial contra los propietarios de Agriprocessors será utilizado para evidenciar que las autoridades de Migración estadounidenses no sólo velan por el cumplimiento de las leyes migratorias de su país, sino que también se han convertido en “los paladines” de los derechos de los trabajadores indocumentados. El problema radica en que se forman varias contradicciones legales, por cumplimiento precisamente de la misma legalidad; en primer lugar, migración cumplió con su deber de detener a los indocumentados, luego les acusa de falsificación de documentos, con lo que tiene las “pruebas” para emitir sentencia, en tanto, cuatro meses después procesan a los propietarios de esa empresa porque la falsificación fue realizada y consentida por los mismos propietarios de la empresa. Considero que esto pone en evidencia que la parte formal de la legalidad es insuficiente para acuñar que se puede hacer justicia, asimismo considero las grandes limitaciones de un sistema legal de formalidades. Precisamente en este punto es donde se manifiesta la ruptura entre una legalidad fundada en formalismos y la justicia. Es decir, la legalidad puede llenar los requisitos que ella misma ha impuesto como formales sin que ello implique alcanzar justicia. Creo que su limitación está en suponer que los trámites, los requisitos y los documentos, pueden suplir y hasta representar a las prácticas sociales. Es un problema de representaciones, en el que se llega a usurpar la dignidad irrevocable de las personas por el cumplimiento de una formalidad que concede supremacía sobre la vida por considerarse que se cumple con la legalidad. Es evidente, entonces, que la legalidad no es lo mismo que la justicia, y que se comenten grandes atrocidades en su nombre.
Desde aquel suceso del 12 de mayo no he podido explicarme la atención especial de las autoridades de migración y de los tribunales estadounidenses a los guatemaltecos que trabajan en aquella nación, sin un “documento” que les acredite para ello. Los que sirvieron de traductores para el juicio de los compatriotas han evidenciado que el proceso judicial se dio en los terrenos de un rastro, en donde juzgaron y sentenciaron de manera maratónica y poco confiable a los “indocumentados”. También, es bien sabido que la única posibilidad que se les ofrecía de defensa era que se tenían que declarar culpables. No hay precedente para dicho juicio en la historia de aquella nación. No he podido dejar de pensar cuando las autoridades de ese país han pensado especialmente en este pequeño país vecino de Centro América. Recordé cuando en marzo de 1999 el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clintón, en visita oficial a Guatemala, reconoció que Estados Unidos se había excedido cuando financió y promovió el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, en la década de 1950. A lo que podríamos agregar lo documentado en el Informe de la Memoria Histórica, que el gobierno de Estados Unidos financió y apoyó de muchas maneras las políticas contrainsurgentes en Guatemala que permitieron que fueran eliminadas comunidades completas de población civil entre 1960 y 1996. En el mencionado informe se documenta como el Gobierno guatemalteco, entrenado y auspiciado por el gobierno estadounidense, cometió el 89% de las agresiones en contra de la población civil, en una guerra que dejó más de 200 mil muertos, y más de 50 mil desaparecidos. Los datos de este estudio están fundados en la recopilación directa de los testimonios de los familiares de las víctimas y en la exhumación de las fosas comunes en donde fueron enterradas las miles de personas, en su mayoría indígenas, que fueron masacrados por instituciones del Gobierno. Los efectos de esa guerra todavía están latentes en Guatemala, especialmente en su ingente pobreza; en una sociedad profundamente dividida, marcada por una violencia que no parece tener fin.
Desde aquel suceso del 12 de mayo no he podido explicarme la atención especial de las autoridades de migración y de los tribunales estadounidenses a los guatemaltecos que trabajan en aquella nación, sin un “documento” que les acredite para ello. Los que sirvieron de traductores para el juicio de los compatriotas han evidenciado que el proceso judicial se dio en los terrenos de un rastro, en donde juzgaron y sentenciaron de manera maratónica y poco confiable a los “indocumentados”. También, es bien sabido que la única posibilidad que se les ofrecía de defensa era que se tenían que declarar culpables. No hay precedente para dicho juicio en la historia de aquella nación. No he podido dejar de pensar cuando las autoridades de ese país han pensado especialmente en este pequeño país vecino de Centro América. Recordé cuando en marzo de 1999 el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clintón, en visita oficial a Guatemala, reconoció que Estados Unidos se había excedido cuando financió y promovió el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, en la década de 1950. A lo que podríamos agregar lo documentado en el Informe de la Memoria Histórica, que el gobierno de Estados Unidos financió y apoyó de muchas maneras las políticas contrainsurgentes en Guatemala que permitieron que fueran eliminadas comunidades completas de población civil entre 1960 y 1996. En el mencionado informe se documenta como el Gobierno guatemalteco, entrenado y auspiciado por el gobierno estadounidense, cometió el 89% de las agresiones en contra de la población civil, en una guerra que dejó más de 200 mil muertos, y más de 50 mil desaparecidos. Los datos de este estudio están fundados en la recopilación directa de los testimonios de los familiares de las víctimas y en la exhumación de las fosas comunes en donde fueron enterradas las miles de personas, en su mayoría indígenas, que fueron masacrados por instituciones del Gobierno. Los efectos de esa guerra todavía están latentes en Guatemala, especialmente en su ingente pobreza; en una sociedad profundamente dividida, marcada por una violencia que no parece tener fin.
Claro, ahora tengo muchas más preguntas, casi todas sin respuestas, pero la que no me deja por ningún momento es ¿quiénes han cometido injusticia en este ámbito? El único consuelo que me queda es la frase de Sócrates, poco antes de ser sometido a pena de muerte de manera injusta también, -eso sí muy legal, porque un tribunal lo había condenado-; “Es mejor padecer la injusticia que cometerla”.
Marlon Urizar
Fráncfort del Meno
2 comentarios:
nice.
Sabes, estas ideas tuyas me recuerdan la sentencia en la que estuve ayer. Un tribunal condenó a un asaltante de bús a 35 años de prisión (10 por el robo de las pertenencias de los pasajeros y 25 por el asesinato de uno de ellos); sin embargo, la presidenta del tribunal razonó su voto porque no se comprobó que el acusado halara el gatillo. Esto es cierto, pues los testigos dijeron que el acusado ordenó a uno de sus acompañantes que disparara en contra de quien los había identificado. ¿Acaso no lo hace eso también autor del crimen y de la zozobra en la que vivimos en Guate dentro de los buses? ¿No es también culpable de esa y otras muertes? Claro, los legalistas dirán que yo estoy condenando a alguien sin ser parte ni juez; pero como ciudadana, que participo activamente en el desarrollo del diario devenir de esta nación considero que hace falta que las sentencias se den contra aquellos que realmente son parte de los delitos. Aquí existen muchos delincuentes de cuello blanco que han pagado fianzas altas por seguir libres en las calles mientras que muchas personas perdieron el dinero con el que vivirían su vejez.
Con respecto a la esclavitud, creo que tienes mucha razón. Cambiamos de término: salario, pero en el fondo es lo mismo ¿No? Pregúntemosle a Aristóteles!!!! Como dijo otro autor, de quien se me escapa ahora el nombre, cambiamos nuestra libertad por un poco de seguridad????
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